Incluye las reformas a la Ley 11/2011, de 20 de mayo, la Reforma de la Ley 60/2003, y la Regulación del Arbitraje Institucional en la Administración General del Estado, complementada por la Ley Orgánica 5/2011, de 20 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y los cambios necesarios en la Ley de procedimiento Civil, y sus reformas, a partir de una amplia variedad de Ley 13/2009, de 5 de diciembre, por la Ley 37/2011, de 19 de abril, han tenido un claro impacto en el ámbito de aplicación del arbitraje, de los que afectan, por ejemplo, entre otros temas de los procedimientos judiciales por la anulación de la adjudicación y de la ejecución de la misma. No fueron sólo los cambios legislativos que han tenido un impacto en el arbitraje; y también la promulgación de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y mercantiles, en la medida en que esta figura es parte del conglomerado de sistemas alternativos de resolución de conflictos, ya que, en muchos casos, la mediación es el preludio para el arbitraje; pero también debe ser tomado en cuenta en la adaptación de este libro a la realidad jurídica actual, la Ley 4/2013, de 4 de junio, de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas, que reconocen la mediación y el arbitraje como medios de solución de controversias. Pero por encima de todo, y en mayor medida, se debe tener en cuenta la «jurisprudencia» de la recaída en asuntos tales como el nombramiento y revocación de los árbitros, el conocimiento de la acción de nulidad y el reconocimiento de las sentencias arbitrales extranjeras, y la sentencia emitida por la cámara de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, que han sido sustituidos en estas competencias a los tribunales Provinciales después de la Ley 11/2011.